Su caso marcó un precedente al ser la primera en solicitar formalmente la asistencia médica al suicidio, enfrentando obstáculos legales y regulatorios antes de finalmente acceder a la eutanasia.
Los habitantes de Colombia se encuentran conmocionados por el caso de Catalina Giraldo, una bogotana de 30 años que sufría de varios trastornos psicológicos y que, tras una dura batalla judicial, consiguió poner fin a su vida de forma digna.
Giraldo murió por voluntad propia y de manera legal el jueves 9 de julio. Se trataba de una psicóloga que, según medios colombianos, sufría de un trastorno depresivo mayor severo y persistente, además de un trastorno límite de la personalidad y un trastorno de ansiedad. En tanto, tras haber enfrentado por años más de 40 tratamientos de salud mental, que incluían terapia psico-psiquiátrica y esquemas farmacológicos variados, eligió morir de forma prematura.
Lo característico de este caso es cómo murió. En Colombia existen dos prácticas médicas para estas situaciones que, aunque están despenalizadas, todavía no cuentan con una reglamentación clara, lo que entorpece el acceso a un derecho conseguido hace menos de una década tras intensos debates sobre tratamiento de casos graves de salud mental.
Se trata de la eutanasia y la asistencia médica al suicidio: la diferencia radica en que, en la primera, es un profesional quien administra el fármaco que produce la muerte, mientras que en el segundo, es el propio solicitante quien lo hace.
El vacío legal
Aunque el suicidio médicamente asistido fue despenalizado en 2022 por la Corte Constitucional, que lo reconoció como parte del derecho a morir dignamente, por el momento no se consiguió un marco normativo claro que establezca cómo debe implementarse.
En rigor, la resolución está en manos del Congreso de la República, que debe expedir una ley para regularlo, y por el Ministerio de Salud colombiano, que tiene que reglamentarlo. Hasta el momento, ninguno de los dos tomó cartas en el asunto.
Tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido se otorgan en los casos en que la persona padece una enfermedad grave e incurable que le produce un sufrimiento físico o psicológico que no es compatible con su idea de una vida digna.
Cuando se acepta la solicitud, el paciente recibe un fármaco y acompañamiento médico para morir de acuerdo con sus decisiones y deseos. En 2024, 352 colombianos accedieron a la eutanasia, y según medios como la BBC, es un dato que crece año tras año.
Un caso paradigmático
En este marco, el caso de Catalina Giraldo marcó un precedente porque fue la primera colombiana en solicitar de manera formal la asistencia médica al suicidio.
“Para mí, pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor: hacia mí misma, pero sobre todo hacia mi familia”, expresó la bogotana durante una entrevista con Noticias Caracol.
Sin embargo, se trató de una decisión que tuvo idas y vueltas con el sistema de salud y la justicia antes de lograr una resolución positiva.
En primer lugar, Catalina había optado por solicitar la eutanasia a su EPS (Entidades Promotoras de Salud), que son las empresas encargadas de administrar los recursos de salud y gestionar la atención de los pacientes (autorizaciones, citas y pagos a hospitales) en el sistema público colombiano.
No obstante, la EPS se lo negó, argumentando que no tenía una enfermedad grave e incurable y que todavía había tratamientos disponibles. Pero la joven aseguraba que sus trastornos diagnosticados no tenían cura ni presentaba mejorías.
Ante la negativa, la bogotana buscó abogados para poner una acción de tutela y reclamar su derecho a la muerte digna. Así llegó a su letrado Lucas Correa Montoya, con quien decidió intentar el camino de la asistencia médica al suicidio.
Para Catalina era “valioso, en términos de libertad y autonomía, causarse ella misma la muerte”, le contaba el abogado meses atrás a BBC Mundo.
El problema fue que, nuevamente, recibió una respuesta negativa de la EPS, que argumentó, entre otras cosas, que no se encontraba “facultada legalmente” para hacerlo, por la falta de una “reglamentación específica por parte del Ministerio de Salud”.
Correa consideró que se trataba de un vacío legal complejo y lo catalogó como “la tormenta perfecta de negligencia”. Al ver estos obstáculos, en noviembre pasado la joven presentó una acción de tutela reclamando su derecho a la muerte digna. Se trata de un mecanismo legal que tienen los colombianos para reclamar sus derechos ante un juez cuando consideran que les están siendo vulnerados.
Lo que la solicitante y su abogado pidieron al juez es que se aprobara la solicitud que le hicieron a la EPS para el suicidio asistido médicamente, al tiempo que buscaban que el Ministerio de Salud y el Congreso expidieran la reglamentación necesaria para casos similares futuros.
Pero el juez a cargo del tema les negó la tutela. Consideró que Catalina no había agotado otras vías para acceder a la muerte digna. Específicamente, no había pedido que un segundo comité médico revisara la solicitud de eutanasia que le fue negada. Correa remarcó que su representada no estaba pidiendo la eutanasia, sino la asistencia médica al suicidio.
“Catalina es consciente de que se necesita dar esta lucha para abrir la puerta a la conversación sobre un suicidio seguro, acompañado y protegido”, señalaba Correa cuando su defendida aún daba la batalla legal.
Tras insistir, la Justicia colombiana le concedió el acceso a la eutanasia. Es decir, fue la primera solicitante de la asistencia médica al suicidio, pero no la primera persona en acceder a la misma.
Antes de morir, Catalina le pidió a la Corte Constitucional que resolviera el fondo de su caso y “elimine las barreras que subsisten en el sistema de salud”, de acuerdo a un comunicado firmado por su abogado.
Sus últimas palabras
En diálogo con la prensa colombiana, la joven explicó: “Me negaba a solicitar nuevamente la eutanasia porque sentía que estaba traicionando esta lucha, que no estaba siendo fiel a mis principios. Pero no siento que me esté rindiendo; siento que estoy entregando un poco ahora la responsabilidad a otros”, afirmó.
“Esta lucha no termina conmigo. Yo voy a fallecer en las próximas horas, pero no fallece conmigo este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria; hay personas que sufren y que se suicidan todos los días”, cerró.
