En medio de una profunda crisis estructural, el sector de discapacidad en Argentina alza la voz para exigir que el Estado cumpla con la recomposición de aranceles y el pago de deudas históricas. Frente a un aumento oficial que apenas rasguña la inflación, las instituciones y las familias defienden el acceso inclaudicable a los tratamientos vitales y advierten sobre proyectos legislativos que amenazan con desmantelar el sistema íntegro de cobertura. Santino Soru desde el espacio de Mejor Chequealo nos cuenta la situación en la ciudad de Mar del Plata que se refleja en todo el país.
El origen de la asfixia institucional
El aire de Mar del Plata corta la respiración en este junio de 2026, pero el verdadero ahogo ocurre puertas adentro. En instituciones como Casa del Ángel, la asfixia no es climática, sino contable. La profunda crisis que atraviesa el sector de la discapacidad en Argentina no es una abstracción de los despachos oficiales, sino una angustia material fogoneada por la falta de pago de los aranceles por parte del Estado y la crecida ciega de los costos. Ante las dificultades económicas extremas, el eslabón más débil termina cediendo, muchas de estas instituciones se ven empujadas a reducir los días de atención para evitar el cierre definitivo. El detonante más reciente que encendió las alarmas fue el aumento de los aranceles de prestaciones por discapacidad dictaminado para este mes de junio, fijado en un escuálido 2,1 por ciento.
«Este incremento en los aranceles de las prestaciones representa apenas una gota en el océano y no logra solucionar de ninguna manera la crisis estructural de los centros de día.»
la deuda estatal
El camino para garantizar las terapias y la atención diaria se ha convertido en un repecho extenuante. A pesar de que el sistema ha logrado implementar un ajuste mensual atado al índice de inflación —un movimiento que oxigena levemente el panorama respecto a la parálisis de otros tiempos—, el Estado insiste en incumplir la Ley de Emergencia. La pesada deuda histórica acumulada con el sector sigue sin recomponerse de manera integral. Esa falta de dinero líquido es el golpe que resquebraja el funcionamiento correcto de las instituciones y pone en jaque la continuidad de los tratamientos.
La amenaza legislativa
En el centro de la escena se erige un entramado legal diseñado para proteger a los más vulnerables, fundamentado en la Ley 24.901 de cobertura por discapacidad. Sin embargo, el escenario suma sombras con una nueva amenaza legislativa impulsada por el Gobierno nacional. Con la premisa de auditar el sistema y combatir presuntos fraudes, el proyecto apunta a revisar de lleno las pensiones por discapacidad. Si la iniciativa avanza en los términos analizados, la estructura del sistema del nomenclador podría volar por los aires, arrastrando a trabajadores y prestadores a depender exclusivamente de acuerdos privados sin red de contención. Es un movimiento que pulverizaría los derechos adquiridos.
«Este nuevo proyecto de ley podría destruir el sistema de nomencladores y forzar acuerdos privados entre trabajadores y prestadores, eliminando derechos adquiridos y agravando la precariedad laboral en el sector.»
La defensa del sistema de prestaciones no es un conflicto sectorial aislado, sino un precedente vital para cualquier ciudadano que enfrente la vulnerabilidad de la discapacidad.
