En las oficinas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, el tiempo se mide en sellos, derivaciones y códigos de seguimiento. Pero en Santa Lucía, en el departamento tucumano de Monteros, el tiempo tiene otro pulso: es el crecimiento de una niña de siete años que padece retraso mental y la urgencia de una madre que ya no sabe qué puerta golpear. Escribir sobre el derecho a la salud en Argentina suele ser, muchas veces, escribir sobre la espera.

Yesica Lorena inició el trámite para obtener la pensión no contributiva por invalidez de su hija Isabella el 18 de septiembre de 2024. Durante un año, el sistema le devolvió la misma frase estática en una pantalla: «Tu trámite está en proceso de evaluación». Detrás de ese mensaje burocrático, la realidad se volvía asfixiante: sin obra social, sin asignaciones estatales y en un estado de vulnerabilidad socioeconómica que hace que hasta el envío de una carta documento sea un lujo inalcanzable.

La invisibilidad administrativa de la Agencia Nacional de Discapacidad

En este caso, la mirada se posa sobre la EX Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo que centraliza las decisiones, pero que, según la demanda, carece de sedes físicas en el interior del país y rechaza sistemáticamente las notificaciones postales.

Yesica intentó todo: reclamos telefónicos, presenciales y mediante la plataforma Mi Anses. La respuesta fue el silencio o la confirmación de que el expediente ya había sido dictaminado, pero seguía sin resolverse ocho meses después. Esta inacción no es solo una falta administrativa; es una barrera que impide el acceso al Programa Federal Incluir Salud, la cobertura médica indispensable para que una niña con discapacidad pueda recibir las terapias que su desarrollo exige.

Amparo por mora. La herramienta legal contra el olvido

Ante la falta de respuestas, la justicia federal de Tucumán se convirtió en el único camino posible. Se interpuso una acción de amparo por mora administrativa, una figura legal diseñada para situaciones donde el Estado deja vencer los plazos o excede el tiempo razonable para emitir una resolución.

La defensa de la ANDIS argumentó que no existía una demora injustificada y que el expediente simplemente seguía el «circuito administrativo correspondiente». Sin embargo, la ley es clara: el derecho de peticionar ante las autoridades no se agota con la presentación del pedido; incluye el derecho a obtener una decisión fundada en un tiempo útil. Para un niño en pleno desarrollo, cada mes de espera es una oportunidad perdida que no se recupera con un dictamen tardío.

El fallo que pone límites a la burocracia

El juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz Martínez, hizo lugar al amparo en septiembre de 2025. En su sentencia, consideró que un año es un plazo que excede largamente lo razonable para decidir sobre una pensión de naturaleza alimentaria y sanitaria. El magistrado ordenó a la ANDIS que, con carácter de pronto despacho, se expida sobre el beneficio en un plazo de 15 días hábiles.

Posteriormente, la Cámara Federal de Tucumán confirmó esta decisión en febrero de 2026, rechazando la apelación del organismo estatal. El tribunal ratificó que para que proceda el amparo por mora basta la «situación de demora objetiva», configurada por la falta de respuesta ante un pedido concreto de quien necesita la protección del sistema de seguridad social.

Este caso recuerda que la misión del derecho es rescatar a las personas de la frialdad de los números. Isabella ya no es solo el número de expediente 041-27-56833967-9-055-000001; es una niña tucumana que ahora tiene una orden judicial que obliga al Estado a dejar de ser un espectador silencioso de su vulnerabilidad.

Datos del Expediente:

• Autos: P Yesica L c/ Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) s/ Amparo por Mora de la Administración.
• Expediente N°: 10803/2025.
• Tribunal: Cámara Federal de Tucumán (Confirmación de sentencia de primera instancia del Juzgado Federal de Tucumán 1).
• Fecha de la última resolución: 27 de febrero de 2026.