Hay esperas que se miden en minutos y otras que se miden en calidad de vida. Para Esteban, un joven de 26 años de Paraná, Entre Ríos, el tiempo se había detenido en una pantalla de computadora bajo la etiqueta de «estado pendiente». Mientras el sistema informático de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) procesaba silencios, su rutina de rehabilitación se veía amenazada. Sin embargo, un reciente fallo de la Justicia Federal ha puesto fin a la burocracia: la salud no puede depender de un ticket administrativo.
La espera que desespera: un ticket informático contra la calidad de vida
Esteban tiene un diagnóstico de retraso mental moderado. No es solo un término médico; es una realidad que requiere estructura, contención y estímulo constante. Por eso, sus médicos recomendaron que asistiera a un Centro de Día, específicamente a la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (APANA), una institución preparada para brindarle las herramientas que necesita para no quedar aislado en su casa.
La familia hizo lo que el sistema exige. En octubre de 2025, la institución cargó el pedido en el sistema de Incluir Salud. Se generó un número: el Ticket 150206788. Y allí quedó todo. Pasaron los días, las semanas y los meses. El padre de Esteban, envió cartas documento, reclamó y golpeó puertas virtuales y reales. Del otro lado, el Estado devolvía la más cruel de las respuestas: el silencio.
La falta de autorización no es solo un trámite incompleto; para una persona con discapacidad, significa la interrupción de un tratamiento vital. Sin la cobertura, Esteban corría el riesgo de quedar relegado al encierro doméstico, perdiendo la interacción social y la contención profesional que su condición demanda.
La defensa del Estado: cuando la culpa es del formulario
Ante la inminencia del desamparo, la familia recurrió a la justicia mediante una acción de amparo, representada por el abogado Fernando Alberto Livoni. La respuesta de la Agencia Nacional de Discapacidad en los tribunales fue, paradójicamente, una confirmación de la burocracia que se denunciaba.
En su informe, los representantes legales del Estado argumentaron que no existía una «negativa» formal a brindar la prestación. Según su visión, el problema era que la institución «no cargó la solicitud de la prestación en debida forma» y que el ticket debía ser «subsanado». Además, insistieron en un tecnicismo que suele repetirse en estos litigios: que el Programa Federal Incluir Salud no es una obra social y no otorga prestaciones directas.
En resumen, mientras una persona necesitaba atención inmediata, el argumento oficial giraba en torno a la validación de un trámite digital.
La sentencia. La salud no admite demoras burocráticas
El Juez Federal Daniel Edgardo Alonso, titular del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, no necesitó demasiadas fojas para desarticular la lógica de la demora. En su fallo de febrero de 2026, puso el foco donde debía estar: en el derecho a la salud y la protección integral de las personas con discapacidad.
El magistrado fue contundente al señalar que la actitud de la demandada no podía convalidarse. «La salud de las personas y más aún su vida no puede ser objeto de menoscabo alguno fundado en razones burocráticas», expresó en su sentencia.
El fallo desmonta la excusa del error administrativo. Para la justicia, si el Estado exige ciertos recaudos formales, estos no pueden convertirse en una barrera infranqueable que dilate una prestación urgente. El juez entendió que el «atraso en la autorización» no resultaba atendible y que la conducta omisiva de Incluir Salud era arbitraria, afectando derechos constitucionales básicos.
El veredicto final y el costo de la ineficiencia
La resolución judicial no dejó margen a dudas: ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad autorizar de forma inmediata la cobertura integral de la prestación de «Centro de Día Categoría A, jornada doble sin dependencia» en favor de Esteban.
Además, el fallo impuso las costas del juicio a la demandada. Esto significa que el Estado, por no resolver un trámite a tiempo —un «ticket pendiente»—, no solo deberá pagar el tratamiento que corresponde por ley, sino también los honorarios de los abogados involucrados, una suma que supera los tres millones de pesos en regulaciones.
Este caso sienta un nuevo precedente recordatorio para las familias que atraviesan laberintos similares: el silencio administrativo o la excusa de un «error en la carga» no son razones válidas para negar el acceso a la salud. Cuando el sistema se traba en sus propias redes, la justicia debe cortar el nudo, porque, como bien entendió el juez Alonso, detrás de cada número de expediente hay una vida esperando ser vivida con dignidad.
Expte: «B., D.J. (POR LA REPR INVOCADA) CONTRA ANDIS PROGRAMA INCLUIR SALUD SOBRE AMPARO LEY 16.986» FPA 11854/2025 Juzgado Federal N° 2 de Paraná
