Por la redacción.
No fue un error de cálculo ni un desorden administrativo fruto de la inexperiencia. Lo que describe el juez federal en las 307 páginas de su resolución tiene la precisión de un reloj suizo y la frialdad de un balance contable: un mecanismo diseñado, pieza por pieza, para drenar los recursos de los más vulnerables.
En febrero de 2026, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 puso la firma final a una sospecha que recorría los pasillos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde hacía dos años. Diego Orlando Spagnuolo, junto a un séquito de funcionarios y empresarios, no solo ha sido procesado; ha quedado expuesto como el arquitecto de un sistema paralelo. Un sistema donde la salud de miles de personas se convirtió en el margen de ganancia de cuatro droguerías amigas.
La mecánica del desvío: Cómo se fabricó el fraude en el programa Incluir Salud
Para entender el delito, hay que mirar la herramienta. La burocracia suele ser el escondite perfecto para la corrupción, y en este caso, el arma fue digital.
El fraude no ocurría en callejones oscuros, sino en las pantallas luminosas del sistema SIIPFIS (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). La justicia determinó que, bajo la gestión de Spagnuolo, se creó un circuito de «compulsas especiales».
Mientras el sistema general aparentaba normalidad, existía una puerta trasera. A través de ella, se invitaba a cotizar únicamente a un grupo cerrado de empresas. No había competencia real, sino una puesta en escena:
- El truco: Se convocaba a cuatro oferentes, pero dos de ellos actuaban como «pantalla», simulando ofertas para legitimar la adjudicación a los verdaderos elegidos.
- El resultado: Precios inflados y adjudicaciones dirigidas.
- El volumen: Entre julio de 2024 y agosto de 2025, el 93% de estas licitaciones amañadas quedaron en manos de dos empresas: Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A.
No hablamos de aspirinas. Hablamos de medicamentos de alto costo y baja incidencia (PACBI), esos nombres difíciles como Burosumab o Guselkumag, de los que dependen vidas enteras.
Los implicados: La lista completa de los procesados en la causa ANDIS
La resolución judicial no deja lugar a dudas sobre quién es quién en este tablero. La justicia ha identificado roles claros en lo que califica como una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado.
Aquí están los nombres que figuran en el expediente CFP 3402/2025, procesados por su participación en la maniobra:
- Diego Orlando Spagnuolo: Director Ejecutivo de la ANDIS. La cabeza de la gestión y, según el juez, quien permitió que actores privados dirigieran la voluntad de la administración pública.
- Daniel María Garbellini: Director Nacional de Acceso a Servicios de Salud. Señalado como el ejecutor de las maniobras en el sistema de compras y enlace directo con las droguerías.
- Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian: Funcionarios que, según la investigación, facilitaron el ingreso de intereses privados a la gestión pública, influyendo en las decisiones de compra.
- Roger Edgar Grant: Pieza operativa clave en la carga y manipulación de datos dentro del sistema SIIPFIS.
- El círculo de colaboradores: La lista de procesados se extiende a Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno, Luciana Ferrari, Diego Martín D’Giano, y otros funcionarios como Federico Maximiliano Santich y Guadalupe Ariana Muñoz, quienes ocuparon diversos roles administrativos y de control que fallaron o fueron cómplices.
- Los empresarios: También fueron convocados a indagatoria los responsables de las personas jurídicas involucradas: Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA.
Historia de una denuncia: Del rumor a la sentencia
Todo comenzó mucho antes de este febrero de 2026. La causa se inició formalmente el 20 de agosto de 2025, impulsada por una denuncia del abogado Gregorio J. Dalbón, quien recopiló investigaciones periodísticas que ya alertaban sobre un «esquema de cobro y pago de coimas».
Lo que al principio eran notas en portales sobre audios filtrados y sospechas de retornos, se transformó en una investigación federal robusta. El fiscal Franco Picardi lideró una pesquisa exhaustiva que incluyó allanamientos, escuchas telefónicas y el secuestro de dispositivos electrónicos. La evidencia fue abrumadora: la agencia funcionó durante casi dos años no como un ente de salud, sino como una «ventanilla de pagos millonarios» para amigos del poder.
El perjuicio económico: El dinero que falta en la discapacidad
La corrupción en salud tiene una crueldad particular: el dinero que se desvía no es solo un número en una cuenta bancaria, es un tratamiento que se interrumpe, una silla de ruedas que no llega, una pensión que se demora.
El monto del fraude calculado por la justicia es escalofriante. Solo en el período analizado de las «compulsas acotadas», se emitieron órdenes de compra por más de 30 mil millones de pesos ($30.337.220.919,77 para ser exactos).
Este dinero salía de las arcas del Estado con sobreprecios, pagando de más por medicamentos que podrían haberse conseguido más baratos mediante licitaciones transparentes.
¿Quién paga la cuenta? La pagan las madres de siete hijos, los mayores de 70 años en situación de pobreza y las personas con discapacidad severa que tienen en el programa Incluir Salud su única cobertura. Cada peso pagado de más a Profarma o Génesis fue un peso menos para la atención real de los beneficiarios.
La resolución judicial de este mes no solo procesa a los culpables; expone la fragilidad de un sistema donde la salud se midió en retornos y la discapacidad fue, tristemente, un negocio de pocos.
