Un hombre de 46 años camina por el borde de un precipicio que no eligió. Lleva consigo un certificado de discapacidad, una credencial del INCUCAI y un riñón trasplantado en noviembre de 2024 que exige, más que cuidados, una vigilia constante. Su vida depende de un delicado equilibrio químico y de un equipo médico que lo conoce desde el primer corte de bisturí. Sin embargo, en el mundo del derecho a la salud en Argentina, a veces el ritmo del cuerpo se estrella contra el silencio administrativo y la rigidez de los expedientes.
El escenario de este conflicto es una disputa de dinero. El Instituto de Trasplante y Alta Complejidad (ITAC) decidió, en diciembre de 2025, que ya no podía atender a los afiliados de UPCN por falta de pago. En medio de esa fractura contractual quedó el paciente, obligado a peregrinar por la justicia para que su obra social cumpla con la cobertura integral del tratamiento de postrasplante renal.
La importancia del centro de origen en el postrasplante renal
Para un paciente trasplantado, la continuidad no es un capricho estético; es una necesidad biológica. La médica tratante fue clara en sus advertencias, la atención fragmentada aumenta el riesgo de rechazo del órgano. El equipo que realizó la cirugía posee el «mapa» del cuerpo del paciente, la memoria de su compatibilidad inmunológica y los detalles del acto quirúrgico.
Ante la imposibilidad de ser atendido en el centro original debido a la deuda de la entidad de salud, el afiliado solicitó un cambio urgente, ser derivado al Hospital Favaloro. Lo que parecía una solución lógica para garantizar la continuidad del tratamiento se transformó, sin embargo, en una nueva batalla judicial sobre la verosimilitud del derecho y los pasos burocráticos que la justicia exige para intervenir.
Por qué la Justicia rechazó el cambio de centro asistencial
La Cámara Federal de Bahía Blanca, al analizar la apelación del paciente, confirmó el rechazo a la modificación de la medida cautelar. La decisión no se basa en una negación del derecho a la salud, sino en la ausencia de piezas clave en el rompecabezas legal:
- Falta de prescripción médica específica: Para los jueces, no bastó con el deseo del paciente de atenderse en otro lugar de prestigio como la Fundación Favaloro. Hacía falta una orden médica que indicara específicamente ese cambio de centro.
- Ausencia de reclamo administrativo previo: El sistema judicial requiere que, antes de pedir un cambio en una medida ya dictada, se intime formalmente a la obra social por ese nuevo destino. El paciente había intimado para seguir en el ITAC, pero no para el traslado a la nueva institución.
- La paradoja del informe médico: Paradójicamente, el informe presentado por el propio paciente resaltaba que era «médicamente imprescindible e ineludible» volver al centro de origen para evitar complicaciones graves.
Cómo proceder ante la falta de cobertura de tratamientos médicos
Este fallo deja una lección didáctica para quienes transitan procesos de amparo de salud. Las medidas cautelares son herramientas provisorias y pueden modificarse, pero esa facultad no es automática. La justicia exige que cada nuevo movimiento esté respaldado por dos pilares: la palabra del médico y la constancia del reclamo previo ante la obra social.
El tribunal subrayó que su decisión no es un punto final. Si las circunstancias varían o se aportan nuevos elementos —como una prescripción médica actualizada o la prueba de una nueva intimación—, el paciente está legitimado para solicitar nuevamente la protección de su derecho. Mientras tanto, el reloj biológico sigue corriendo, ajeno a las deudas entre instituciones y a los tiempos de los tribunales.
Datos del expediente:
Expte. N° FBB 1/2026/2/CA2 – Sala II – Sec. 1. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Resolución del 20 de marzo de 2026.
