El Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Honorable Congreso de la Nación el Proyecto de Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez (Mensaje N° 109-2026), una iniciativa que busca reformular integralmente el sistema de protección social vigente. La propuesta surge en un clima de tensión jurídica, tras la reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 mediante el Decreto 84/2026, la cual fue impulsada por una sentencia judicial que ordenó su inmediata aplicación para garantizar la cobertura del sector.
Un conflicto de paradigmas en la justicia federal
La génesis de esta reforma se encuentra ligada al expediente «J., O.G (EN REP. DE SUS HIJOS) Y OTRO C/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN Y OTRO S/AMPARO COLECTIVO» (Expte. FSM N° 44035/2025). En dicha causa, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana declaró la invalidez de la suspensión de la Ley N° 27.793 y otorgó un plazo de treinta días para su reglamentación operativa.
El Decreto 84/2026, firmado en cumplimiento de esa manda judicial, estableció inicialmente la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Sin embargo, el nuevo proyecto legislativo propone sustituir este enfoque por el de Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, restituyendo criterios que vinculan el beneficio exclusivamente a la imposibilidad de trabajar y a la carencia de recursos suficientes. La persona con discapacidad pasará a ser un «inútil» para el trabajo.
El desafío de la inclusión y la compatibilidad laboral
Uno de los puntos centrales del debate técnico-jurídico radica en la armonización de estas normas con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional en Argentina. Mientras que la normativa reglamentada por el Decreto 84/2026 buscaba fortalecer la autonomía y la inclusión social, la nueva propuesta legislativa establece que la prestación será incompatible con poseer un vínculo laboral formal o estar inscrito en regímenes tributarios vigentes.
Esta nueva configuración normativa se fundamenta en la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal y la correcta asignación de los recursos públicos. Desde la perspectiva de la administración nacional, el crecimiento exponencial de los beneficios —que pasaron de 76.000 en 2003 a 1.200.000 en 2023— exige mecanismos de control más estrictos para prevenir el uso indebido del sistema.
El nuevo proceso de reempadronamiento obligatorio
El proyecto introduce una herramienta administrativa de alto impacto: el reempadronamiento de beneficiarios. Según el texto propuesto, todos los titulares de pensiones deberán actualizar su información personal, socioeconómica y médica en un plazo no inferior a noventa días. La persecución de este colectivo no tiene fin.
- Notificación y domicilio: Los beneficiarios deberán constituir un domicilio especial físico o electrónico para recibir comunicaciones válidas.
- Suspensión preventiva: El incumplimiento del trámite dentro de los plazos estipulados facultará a la autoridad de aplicación a disponer la suspensión automática de la prestación.
- Plazo de regularización: Se otorgará un margen de sesenta días adicionales para normalizar la situación antes de proceder a la baja definitiva del beneficio mediante un acto administrativo fundado.
Auditorías y descentralización de aranceles prestacionales
La reforma también contempla un cambio en la gestión del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral regulado por la Ley N° 24.901. El proyecto estipula que la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud adoptará un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información con bases de datos de ANSES, ARCA y el SINTyS.
En cuanto al financiamiento, se propone que el Nomenclador de prestaciones básicas no incluya valores universales obligatorios para todas las jurisdicciones. En su lugar, cada ente obligado determinará los aranceles en el marco de su relación con los prestadores, garantizando un piso mínimo prestacional común. El Estado Nacional, por su parte, suscribirá convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que cada jurisdicción organice y financie el programa de atención médica para los futuros afiliados.
«La universalidad consistirá en asegurar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a las prestaciones básicas en todo el territorio nacional, en condiciones de equidad, respetando la organización federal del Estado».
«La Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud adoptará un sistema de auditorías periódicas con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el goce de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral».
El Art. 25 y 26 de la Convención determinan sobre salud y habilitación; exigen servicios de calidad y proximidad. La fragmentación de aranceles puede generar «ciudadanos de primera y de segunda» dependiendo de la capacidad financiera de su obra social o provincia.
El riesgo es el quiebre del sistema de prestadores si los valores determinados por cada ente no cubren los costos operativos, provocando la interrupción de terapias vitales.
Relevancia para el derecho a la salud actual
Este escenario legislativo marca un hito en la transición hacia un modelo de gestión basado en la transparencia y la eficiencia burocrática. La resolución de esta puja entre la Ley de Emergencia 27.793 y el nuevo Proyecto de Ley Contra el Fraude definirá el alcance de la protección social en los próximos años. El sistema judicial, a través de sentencias como la de Campana, continúa subrayando la importancia de la precisión operativa y administrativa para que los derechos reconocidos en los tratados internacionales se traduzcan en realidades tangibles para los ciudadanos.
