En un encuentro marcado por la urgencia y la desazón, los principales actores del sector de discapacidad en Mar del Plata denunciaron un recorte presupuestario del 25% para el ejercicio 2026. La conferencia de prensa expuso la parálisis de una estructura que hoy deja a miles de personas en una situación de riesgo de vida inminente, transformando lo que debería ser una política de Estado en un escenario de abandono sistemático que vulnera el derecho a la salud.
Crónica de un desmantelamiento anunciado en la costa
La causa que moviliza al sector se encuentra caratulada bajo la necesidad de una respuesta urgente ante la falta de pago y el desfinanciamiento del sistema. El conflicto escaló ante la persistente demora en la cadena de pagos de las obras sociales y el organismo nacional competente, afectando de manera directa la continuidad de terapias que no admiten interrupciones. Según los testimonios recabados, existen carpetas de servicios presentadas en noviembre de 2025 que, a mediados de abril de 2026, aún no han sido autorizadas por las obras sociales y prepagas de todo el país, dejando a los profesionales en una orfandad económica insostenible que pone en jaque la vía administrativa de los reclamos.
De la perspectiva de derechos al retroceso del modelo médico
Los antecedentes de este quiebre institucional se vinculan estrechamente con el traspaso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la órbita del Ministerio de Salud. Esta decisión es leída por los referentes del área como un retroceso conceptual peligroso. El periodista y referente Carlos Mattos fue contundente al respecto, señalando que esta medida invisibiliza la condición de ciudadanos de las personas con discapacidad para reducirlos a su diagnóstico médico.
«No queremos que nos vean con curiosidad, como a una foca haciendo equilibrio con una pelota, o que nos conviertan en el mono del organito.»
El transporte como eslabón quebrado de la salud pública
Los agravios expuestos por los transportistas especializados se centran en la imposibilidad de sostener el servicio con aranceles congelados frente al aumento de costos operativos. No se trata solo de logística; el transporte es la garantía de acceso a la rehabilitación y la educación. Natalia Palmici, representante del sector, subrayó la asimetría de poder y la desprotección que sufren los usuarios frente a la desidia estatal.
«Nosotros podemos cambiar de trabajo, pero ellos no pueden cambiar su condición.»
El respaldo normativo frente a la arbitrariedad presupuestaria
La defensa del sector se apoya en los principios de progresividad de los derechos sociales, prohibiendo que el Estado tome medidas que signifiquen un retroceso en la cobertura ya alcanzada. Se citaron los artículos 42 y 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, junto con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Jessica Machado, prestadora independiente, remarcó que el ajuste actual no es una consecuencia accidental de la macroeconomía, sino una estrategia deliberada que atenta contra la vida misma.
«En Argentina no solo está en crisis el sector, se están desmantelando los sistemas que garantizan derechos. No es un error de gestión, es una decisión política.»
«Un servicio como la kinesiología respiratoria no puede esperar; si el profesional no asiste, el paciente en terapia intensiva puede morir de una neumonía en cuestión de días.»
Un horizonte de lucha por la dignidad y la autonomía
La relevancia de este conflicto trasciende los números de un balance contable y se instala en el terreno de la ética pública. La nueva normativa de pensiones también fue objeto de duras críticas, al entenderse como un cepo a la inserción laboral y una estigmatización de la ayuda social. El cierre de la jornada en Mar del Plata dejó una conclusión amarga, si el Estado se retira de su rol de garante de la Ley 24.901, el sistema de protección social argentino enfrentará en este 2026 su agotamiento definitivo, dejando a los ciudadanos más vulnerables a merced de una burocracia que ha decidido ignorar su propia legislación.
