La crisis en el sector de la discapacidad en Argentina se agudiza. En una entrevista reciente, la Lic. Marion Díaz, kinesióloga e integrante de Prestadores Unidos Mar del Plata, expuso la insostenible situación que atraviesan los profesionales y, fundamentalmente, las personas con discapacidad, ante la falta de aplicación efectiva de la Ley de Emergencia.
Puntos centrales para la nota:
- Un año sin respuestas: A pesar de la vigencia de la Ley de Emergencia hasta diciembre de 2026, los prestadores denuncian que no se ha resuelto el desfasaje arancelario, que acumula aproximadamente un 300% de retraso en relación con el nomenclador oficial.
- Precarización extrema: Los profesionales denuncian demoras de hasta 90 días en los pagos de prestaciones ya realizadas. Esta situación ha obligado a muchos especialistas, como la misma entrevistada, a reducir su atención o abandonar el trabajo con pacientes crónicos por imposibilidad de cubrir costos operativos básicos como traslados o insumos.
- Impacto directo en pacientes: La principal consecuencia es la interrupción de tratamientos esenciales. Se han reportado recortes en sesiones aprobadas, auditorías arbitrarias de las obras sociales y dificultades críticas en la renovación de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), lo que deja a las familias en un estado de vulnerabilidad absoluta.
- Desmantelamiento institucional: La conversión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en una subsecretaría dentro del Ministerio de Salud ha diluido, según los entrevistados, la capacidad de respuesta estatal ante los reclamos.
- Soledad en el reclamo: La Superintendencia de Servicios de Salud delega la responsabilidad de los reclamos en los usuarios finales, dificultando que los profesionales puedan elevar sus quejas por vías formales. Ante esto, el colectivo busca visibilizar su problemática en las calles y a través de redes sociales como Prestadores Unidos MDP
- El sector advierte que no se trata solo de una crisis económica, sino de la vulneración de derechos adquiridos. La lucha continúa bajo la premisa de que nadie está exento de necesitar este sistema y que el acceso a la salud debe ser garantizado por políticas de Estado firmes y no por la buena voluntad de los prestadores.
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