La Cámara Federal de Resistencia dictó un fallo que ordena a la obra social IOSFA garantizar la cobertura integral de cirugías de masculinización y tratamientos hormonales para un joven trans.
En el complejo camino de la identidad, el cuerpo es el territorio donde se libra la batalla más íntima. Para G.E.G., un varón transgénero de 32 años, ese camino estuvo marcado durante décadas por el silencio y el ocultamiento. Desde la niñez, su percepción interna colisionaba con la imagen que el espejo y la sociedad le devolvían, una disonancia que con el tiempo se transformó en angustia, aislamiento y una fobia social que amenazaba con devorarlo todo.
Recientemente, un fallo de la Cámara Federal de Resistencia ha puesto orden en esta historia de vida, recordando que el derecho a la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar integral que incluye la identidad. La sentencia obliga al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) a garantizar una cobertura total para los procedimientos de masculinización que la obra social se negaba a costear bajo argumentos administrativos y económicos.
Más allá de la estética. La construcción de la corporalidad
El núcleo del conflicto judicial radicaba en una distinción que las obras sociales suelen utilizar como barrera: lo «estético» frente a lo «médico». En una primera instancia, la justicia había rechazado prácticas como la lipoescultura masculinizante y la definición del ángulo mandibular, considerándolas intervenciones cosméticas o temporales.
Sin embargo, los jueces de la Alzada, con una mirada más profunda y humana, revocaron esta decisión. El fallo establece que, en el marco de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743), estas intervenciones no buscan la «belleza» en términos convencionales, sino la construcción de la corporalidad. Para un hombre trans, reducir los caracteres femeninos y acentuar los rasgos masculinos es una necesidad médica urgente para aliviar el sufrimiento psíquico y permitir una integración social plena.
«No es la belleza lo que se persigue, sino la adecuación corporal de una persona cuyo sexo asignado al nacer no se condice con su género autopercibido», detalla el fundamento del tribunal.
La Ley de Identidad de Género como brújula de salud
La sentencia se apoya con firmeza en el artículo 11 de la Ley 26.743, que garantiza el acceso a intervenciones quirúrgicas totales y parciales para adecuar el cuerpo a la identidad sentida. Un punto clave del fallo es la aclaración de que las listas de cirugías mencionadas en los decretos reglamentarios son enunciativas y no taxativas. Esto significa que, si un médico tratante prescribe una práctica específica para la salud de su paciente, la obra social no puede escudarse en que «no está en la lista» para negar la cobertura.
El tribunal también ratificó la obligación de la demandada de cubrir al 100% la mastectomía bilateral (masculinización de tórax), el tratamiento hormonal y las interconsultas con especialistas, incluso si estos últimos se encuentran fuera de la cartilla habitual de la obra social, priorizando la confianza médico-paciente en procesos tan delicados.
El blindaje jurídico. ¿Por qué la justicia dice que sí?
El andamiaje legal que sostiene este fallo se asienta sobre una interpretación evolutiva del derecho a la salud. Los jueces recordaron que la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) no es una simple norma de registro civil, sino un tratado de derechos humanos en la práctica. El argumento central radica en que la salud es un «equilibrio biopsicosocial» y no meramente la cura de una patología.
Al respecto, el tribunal fue tajante, las prestaciones para la adecuación del cuerpo no pueden limitarse a un listado cerrado o taxativo del Programa Médico Obligatorio (PMO).
La justicia determinó que, si bien existen decretos reglamentarios que enumeran ciertas cirugías, estas son solo una base mínima. El criterio médico —la orden del profesional que conoce la historia clínica de G.E.G.— debe prevalecer sobre la burocracia de la obra social, ya que negar la lipoescultura masculinizante o la definición mandibular bajo el rótulo de «estéticas» implicaría vaciar de contenido el derecho del individuo a su propia integridad y al desarrollo de su proyecto de vida.
Un freno a las dilaciones administrativas
Otro aspecto trascendental de esta resolución es el rechazo a la excusa del «agotamiento de la vía administrativa». La obra social pretendía que el afiliado transitara todos los pasos burocráticos internos antes de acudir a la justicia. Los jueces determinaron que, cuando está en juego un derecho fundamental como la salud y la identidad, exigir tales dilaciones es improcedente.
El fallo no solo ordena las cirugías, sino que también exige la rectificación inmediata de los datos en el carnet de afiliación. Para G.E.G., este documento no es solo un plástico; es el reconocimiento legal de que su nombre y su identidad masculina son, finalmente, una realidad ante los ojos de las instituciones.
Esta decisión judicial marca un precedente vital en el derecho a la salud en Argentina, enviando un mensaje claro, el sistema de salud debe ser un facilitador de la dignidad humana, nunca un obstáculo.
Expte: G, G E C/ IOSFA S/ AMPARO LEY 16.986 N° FRE 402/2025/CA2 Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
