El tiempo en la justicia argentina tiene una densidad distinta, una textura que se mide en años de incertidumbre y facturas acumuladas. En Mar del Plata, la historia de Luciana Agustín y sus hijas mellizas, Zoé y Maia, no es solo un expediente judicial; es el relato de una resistencia que demandó casi seis años para obtener una sentencia definitiva, un lapso en el que la salud no esperó a los tiempos de los tribunales.
Todo comenzó con un diagnóstico que ninguna madre quiere escuchar: retraso global del neurodesarrollo. Para Zoé y Maia, el tratamiento temprano no era una opción, sino una urgencia vital. Sin embargo, frente a la necesidad de acompañantes terapéuticos, neurólogos infantiles y educación especializada, la respuesta de la prepaga OSDE fue el silencio o la negativa parcial. Así, lo que debió ser un camino de rehabilitación se transformó en un laberinto administrativo y legal que Luciana, madre soltera y único sostén familiar, tuvo que transitar pidiendo dinero prestado a amigos y familiares.
El peso del calendario y la desaprensión empresarial
La demanda por daños y perjuicios se inició formalmente en 2020, pero los padecimientos venían desde 2018. Recién en septiembre de 2024 el Juzgado Federal de Dolores dictó la sentencia de primera instancia, y fue en los últimos días de diciembre de 2025 cuando la Cámara Federal de Mar del Plata puso un punto final al reclamo.
Seis años. En la vida de dos niñas con discapacidad, seis años representan una eternidad de hitos madurativos. Mientras la prepaga dilataba los pagos, Luciana trabajaba horas extras y se enfrentaba a una «grave indiferencia», como describió la sentencia. La justicia finalmente reconoció que este actuar no fue solo un error contractual, sino una desatención al trato digno que merece cualquier afiliado, agravado por la vulnerabilidad de las menores.
Una reparación inusual, el castigo al daño punitivo
Lo que hace extraordinario este fallo es la confirmación de rubros que rara vez prosperan con esta magnitud en el derecho de salud: el daño moral y el daño punitivo. La Cámara Federal de Mar del Plata ratificó una indemnización de 3.000.000 de pesos por daño moral, reconociendo la ansiedad, frustración y depresión de una madre que se sintió abandonada por el sistema que debía proteger a sus hijas.
Más contundente aún fue la aplicación del daño punitivo, una multa civil diseñada para castigar conductas desaprensivas y disuadir a las empresas de repetirlas. Aunque la Cámara redujo el monto inicial, fijó la sanción en 4.000.000 de pesos a valores actuales. Es un mensaje claro: la salud no es un costo financiero que se puede «patear» hacia adelante.
El cálculo de la espera, ¿qué perdimos en el camino?
Si analizamos los números fríos, la distorsión económica de estos años es reveladora. Cuando Luciana inició su demanda por 638.000 pesos en 2020, el dólar oficial promediaba los 70 pesos (blue cerca de los 120). Aquel reclamo original equivalía a unos 9.100 dólares oficiales o 5.300 dólares de mercado.
Hoy, la sentencia de cámara reconoce el reintegro de facturas por 168.890 pesos de aquella época, sumando intereses. Pero el verdadero impacto está en los 7.000.000 de pesos totales por daño moral y punitivo. A los valores actuales de finales de 2025, esta cifra representa un reconocimiento de la depreciación, aunque difícilmente compense el desgaste emocional de haber tenido que «mendigar» prestaciones básicas. Si OSDE hubiera pagado en 2018 o 2020, el costo para la empresa habría sido ínfimo comparado con la estructura que debió montar Luciana para no interrumpir el tratamiento de sus hijas.
La mirada atenta sobre el derecho a la salud
Este fallo de la Cámara de Mar del Plata, integrada por los doctores Tazza, Jiménez y Bibel, sienta un precedente vital. No se trata solo de devolver el dinero de las facturas; se trata de reparar la integridad psicofísica de una familia. La sentencia deja en claro que la reparación debe ser plena y que el incumplimiento en salud genera heridas que el dinero no sana, pero que la justicia no puede ignorar.
La historia de las mellizas Agustín termina con una victoria judicial, pero deja una pregunta incómoda en el aire: ¿cuántas familias en la Argentina siguen atrapadas en el reloj de la justicia mientras la salud se les escapa entre los dedos? En Mar del Plata, al menos por esta vez, el derecho a la salud dejó de ser una promesa en un carnet para convertirse en una realidad escrita en papel de sentencia.
Expte:
AGUSTÍN, LUCIANA c/ ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIOS
DIRECTOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expediente FMP 12521/2020
