La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de avanzar hacia la privatización del complejo turístico de Chapadmalal encendió las alarmas en el partido de General Pueyrredón. La medida no solo clausura un emblema histórico del turismo social, sino que pone en jaque el funcionamiento del Centro de Atención Primaria de la Salud que opera en el predio, dejando a los habitantes de la zona ante una profunda incertidumbre sobre el futuro de su asistencia médica. Un análisis de Santino Soru en Mejor Chequelo sobre la problemática de salud en la ciudad.
Radiografía de un gigante clausurado
La causa del conflicto se hamaca entre el abandono estatal y el temor comunitario. En los registros vecinales y en los despachos comunales de la provincia de Buenos Aires, el debate gira en torno a la desafectación de las estructuras hoteleras que en su momento garantizaron el esparcimiento popular. Tras una etapa de inversión y puesta en marcha durante el periodo ministerial de 2021, las instalaciones lucen hoy cerradas, con fajas virtuales de suspensión que paralizan su actividad económica y recreativa. El núcleo de la controversia escaló tras la orden oficial de desalojar a los cerca de sesenta operarios que realizaban las tareas esenciales de mantenimiento en el complejo, un indicador que los residentes interpretan como la antesala del desmantelamiento definitivo de los servicios esenciales.
Un amparo médico reducido a la mañana
La preocupación central se focaliza en el destino de los pacientes periféricos. Quienes habitan los barrios linderos al complejo turístico dependen de manera exclusiva de los consultorios del efector público local para sus tratamientos crónicos. Sin embargo, la operatividad del dispositivo sanitario ya arrastra deficiencias crónicas previas a esta ola de reformas. Con un esquema de atención restringido que se limita a los días hábiles de lunes a viernes hasta el mediodía, la cobertura resulta insuficiente para una población con alta vulnerabilidad socioeconómica. Ante urgencias nocturnas o vespertinas, los usuarios se ven obligados a costear traslados extensos hacia la localidad de Batán para recibir un diagnóstico profesional o recetas de primera necesidad.
La resistencia legislativa contra la degradación
El frente político de la oposición local busca frenar las derivaciones institucionales de la reestructuración. Representantes parlamentarios del bloque Unión por la Patria formalizaron diversos proyectos de resolución para exigir explicaciones urgentes al Ejecutivo municipal respecto del plan de contingencia laboral y de resguardo sanitario. La propuesta del oficialismo de trasladar la base operativa de las prestaciones médicas a las dependencias de una sociedad de fomento vecinal fue catalogada por los legisladores como una maniobra de precarización encubierta. La mudanza de infraestructura médica hacia sedes civiles desprovistas de las condiciones arquitectónicas básicas se traduce, desde la óptica de los denunciantes, en una pérdida inadmisible de categoría prestacional. En declaraciones exclusivas para Mejor Chequealo lo expresa el concejal Diego García.
El derecho constitucional a la salud bajo la lupa
La arquitectura jurídica de este reclamo colectivo se ampara en los tratados internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad nacional. El acceso oportuno y continuo a las prestaciones de salud pública constituye una obligación estatal ineludible que excede las facultades de reorganización patrimonial de los gobiernos de turno. Los asesores legales de las agrupaciones comunitarias sostienen que la supresión de un efector sanitario sin un esquema de sustitución equivalente vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos sociales, contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La protección de los sectores desaventajados, como los adultos mayores y personas con discapacidad, que hoy carecen de subsidios adecuados para sus vademécums y medicamentos esenciales, se vuelve prioritaria frente a dinámicas de privatización inmobiliaria.
«Existe una gran preocupación por el futuro del Centro de Atención Primaria de la Salud que opera dentro del complejo».
«Los concejales se oponen a que el CAPS sea trasladado a una sociedad de fomento, lo cual consideran una degradación del servicio».
Los saldos de una periferia postergada
La encrucijada de Chapadmalal excede la coyuntura de sus plazas hoteleras inactivas. El panorama de los efectores públicos en los márgenes de General Pueyrredón describe un escenario donde las decisiones macroeconómicas impactan de forma directa sobre los pobladores del lugar.
