Ante la crisis estructural que paraliza los tratamientos y las prestaciones en discapacidad, Santino Soru junto al abogado Martín Sabadini en otro programa del streaming Mejor Chequealo, plantean una salida directa y urgente frente al desamparo. La falta de pago o la inacción de las prestadoras exigen abandonar las esperanzas burocráticas y recurrir a la justicia como la única vía efectiva para proteger el acceso a las terapias y salvaguardar la vida de las personas con discapacidad.
Un poco de contexto de la crisis
El deterioro no discrimina entre lo público y lo privado. El sistema de salud en Argentina atraviesa una crisis severa que golpea con especial dureza a quienes más necesitan aferrarse a una certeza. La falta de pago y las demoras interminables en las prestaciones de discapacidad se han vuelto la regla de un juego macabro. Obras sociales estatales como PAMI, IOMA o IOSFA, y gigantes del sector privado como Galeno, Swiss Medical y OSDE, comparten los mismos síntomas de un colapso que incluye fuertes recortes, parálisis de pagos y hasta la liquidación de empresas. Del otro lado del escritorio, los profesionales de la salud trabajan sin expectativas de cobrar, acumulando meses sin dinero o recibiendo sumas que licúan los valores previamente acordados. Ese escenario de incertidumbre constante pone en jaque la continuidad de los tratamientos y astilla la dinámica diaria de miles de familias.
¿El camino judicial como solución?
La paciencia es un lujo que la discapacidad no permite pagar. Frente a las demoras, la recomendación legal es contundente y exige celeridad. El abogado Martín Sabadini explica que las familias deben actuar rápido ante esta falla estructural y sistémica. Si se registra una demora de apenas uno o dos meses en los pagos, es indispensable no perder tiempo e iniciar los reclamos de inmediato. Todo mes que pasa se traduce en tratamientos que penden de un hilo. Ante la alarmante falta de control por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, la vía judicial emerge como la herramienta más efectiva y segura para garantizar el cobro de los prestadores y, con ello, la continuidad innegociable del servicio.
La protección de la vida no es un favor prestacional, es una obligación legal. Para respaldar el derecho a la salud de sus ciudadanos, la legislación argentina cuenta con herramientas robustas que los jueces aplican frente a las negativas o silencios de las prepagas.
Acceso a la justicia
Acceder a esta justicia no está vedado para quienes carecen de holgura económica. Sabadini señala que existen opciones de asesoramiento legal gratuito a través de recursos vitales como los Colegios de Abogados, las Defensorías del Pueblo a nivel nacional, provincial o municipal, y las Defensorías Oficiales radicadas en los tribunales federales. El andamiaje jurídico está diseñado precisamente para responder a la pregunta de qué hacer cuando el sistema falla.
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