Dos días hábiles. Ese es el tiempo que un papel judicial le dio a una estructura burocrática para entregar cuatro cajas que valen una vida. En el Juzgado Civil y Comercial Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, el juez subrogante Marcelo Gota firmó una resolución breve, despojada de adornos retóricos, para ordenar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que cubra de manera integral y al 100% el tratamiento oncológico prescripto a una afiliada identificada como M. G. L.
El esquema médico solicitado no admite dilaciones. Comprende Everolimus de 5 miligramos, Lenvatinib en cápsulas de 10 y 4 miligramos, y ácido zoledrónico en frasco ampolla de 4 miligramos. La combinación terapéutica revela con nitidez el cuadro clínico de fondo, se trata del abordaje de un carcinoma de células renales avanzado, o cáncer de riñón metastásico con afectación ósea. En la oncología clínica moderna, el régimen conjunto de Lenvatinib con Everolimus constituye un estándar de rescate para frenar la progresión tumoral y la angiogénesis cuando fallaron líneas previas, mientras que el ácido zoledrónico es el bifosfonato destinado a prevenir fracturas patológicas y mitigar el avance del daño en los huesos.
Frente a la prescripción emitida por la oncóloga de cartilla de la demandada, la doctora María Natalia Gandur Quiroga, la obra social estatal opuso una negativa por vía administrativa. La respuesta judicial fue la ampliación de una medida cautelar, un recurso de urgencia que rige en los amparos de salud cuando la demora de un proceso ordinario amenaza con volver irreparable el perjuicio sobre la integridad física. En el derecho de la salud argentino, la jurisprudencia federal mantiene una doctrina uniforme: los dictámenes del médico tratante tienen prelación sobre las auditorías contables o burocráticas de las entidades de cobertura, máxime cuando quien prescribe pertenece a la propia red prestacional de la entidad demandada.
La cobertura no queda librada al arbitrio financiero de las obras sociales, En Argentina, el derecho a la vida y a la preservación de la salud goza de jerarquía constitucional implícita a través de tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de Derechos Humanos, integrados mediante el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Asimismo, el marco tutelar de la Ley 24.901 para personas con discapacidad, junto con la Ley 23.660 de Obras Sociales y la Ley 23.661 del Sistema Nacional del Seguro de Salud, obligan a garantizar prestaciones continuas y completas frente a enfermedades crónicas y oncológicas.
Cuando un paciente enfrenta la negativa o el silencio de su cobertura ante un tratamiento de alto costo, la vía del recurso de amparo médico, complementada por la solicitud de una medida cautelar innovativa, es la herramienta procesal idónea para exigir la entrega del 100% de la medicación sin esperar los años que suele demorar una sentencia definitiva. El fallo de la justicia federal porteña reafirma esa regla: ante la prescripción médica fundamentada, los tiempos procesales y administrativos deben doblegarse a la urgencia vital del paciente.
