El derecho a la salud no es un concepto abstracto que habita en los manuales de abogacía o en los estantes de una biblioteca jurídica. Para Viviana Coronel, vecina de la ciudad de Clorinda, en Formosa, el derecho a la salud tiene un nombre concreto, el acceso a las prestaciones médicas que su cuerpo necesita para seguir adelante. Su historia, que comenzó con un reclamo administrativo y terminó en los tribunales federales, pone de manifiesto la distancia que a veces separa a las obras sociales de sus afiliados y cómo la justicia actúa como el último puente para salvar ese abismo.
El peso de la burocracia frente a la urgencia del paciente
La odisea de Viviana se inició cuando el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) no brindó la cobertura integral de las prestaciones médicas que sus médicos tratantes consideraban esenciales. En el mundo de la salud, el tiempo no es una variable económica, sino un factor vital. La negativa o la demora en la entrega de tratamientos, medicación o intervenciones quirúrgicas no solo genera angustia, sino que puede provocar daños irreparables en la integridad física de una persona.
Ante la falta de respuestas satisfactorias, Viviana, con el patrocinio del Dr. Manuel Antonio Mariño Avalos, decidió interponer una acción de amparo. El objetivo era claro: solicitar que la justicia ordene de manera inmediata el cumplimiento de la cobertura prestacional bajo el amparo de la Constitución Nacional y las leyes de salud vigentes en Argentina, como las leyes 23.660 y 23.661.
La justicia confirma que la salud no puede esperar
El caso llegó al Juzgado Federal N° 1 de Formosa, donde se dictó una medida cautelar a favor de la paciente. Estas medidas son herramientas fundamentales en el derecho de salud, ya que permiten proteger el derecho de manera urgente mientras se resuelve el fondo del juicio. Sin embargo, la obra social apeló la decisión, llevando el conflicto ante la Cámara Federal de Resistencia.
Recientemente, el 5 de febrero de 2026, la Cámara ratificó lo que el sentido común y la ley dictan: la salud es una prioridad absoluta. El tribunal rechazó el recurso de la demandada y confirmó la medida cautelar, obligando a IOSFA a garantizar las prestaciones indicadas por la médica tratante. Los jueces recordaron que el Programa Médico Obligatorio (PMO) es un piso mínimo de prestaciones y no un techo, y que las convenciones internacionales sobre derechos humanos otorgan un marco de protección superior que las obras sociales deben respetar.
La importancia de contar historias para entender derechos
En amparandosalud.news creemos que la información es la primera herramienta de defensa para cualquier ciudadano. A menudo, el lenguaje jurídico parece diseñado para ser inaccesible, una barrera más para quien ya está lidiando con una enfermedad o una discapacidad. Nuestra misión es derribar esos muros, traduciendo sentencias complejas en relatos sencillos y directos.
En el ámbito del derecho de salud, «estar ahí» significa acompañar el reclamo de quien se siente desprotegido y mostrar que hay caminos legales para revertir la arbitrariedad. La victoria judicial de Viviana Coronel no es solo un éxito individual; es un recordatorio para miles de afiliados en todo el país de que las leyes de salud están para cumplirse y que la justicia, aunque a veces lenta, tiene la capacidad de restablecer el equilibrio cuando lo que está en juego es la vida misma.
- Expediente FRE 007761/2025: «CORONEL, VIVIANA c/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD-IOSFA-s/AMPARO LEY 16.986».
- Fallo de la Cámara Federal de Resistencia, Secretaría Civil N° 1, 05 de febrero de 2026.
