En una reciente entrevista concedida al programa Punto de Equilibrio de Radio Brisas, el Dr. Martín Sabadini, referente en derecho a la salud, analizó con profundidad los alcances de una posible reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657). Su postura es clara y crítica, la ley no falla por su letra, sino por la falta de recursos para ejecutarla. Según Sabadini, modificar una normativa que fue vanguardista y fruto del consenso social es un camino peligroso si no se atacan primero las deficiencias de gestión y la asfixiante falta de inversión que hoy sufren los pacientes en todo el país.
La discusión se centra en el impacto que tendrían las modificaciones propuestas a la Ley 26.657, una norma reconocida internacionalmente por su enfoque de derechos humanos. El Dr. Sabadini remarca que el verdadero núcleo del conflicto no radica en la técnica jurídica, sino en la ausencia de un presupuesto real que sostenga las estructuras interdisciplinarias necesarias. La normativa actual exige un abordaje integral, pero la realidad de los prestadores y la precariedad del sistema público han puesto en jaque la operatividad de los derechos consagrados.
El retroceso hacia el modelo médico hegemónico
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el desplazamiento del enfoque interdisciplinario por un protagonismo absoluto del psiquiatra en la toma de decisiones sobre internaciones. Sabadini advierte que otorgar este rol exclusivo podría significar un retorno a modelos antiguos que la ley actual intentó superar. El tribunal del pensamiento médico-jurídico hoy sostiene que la salud mental debe ser atendida por equipos que incluyan psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros, evitando que la internación sea la única respuesta ante la falta de alternativas comunitarias.
El vínculo invisible entre salud mental y discapacidad
La entrevista pone de relieve la profunda conexión entre los trastornos mentales y la discapacidad. Sabadini destaca que la falta de infraestructura municipal y las trabas burocráticas impiden que las personas accedan al Certificado Único de Discapacidad (CUD), herramienta esencial para garantizar prestaciones básicas. Esta carencia de apoyo local obliga a las familias a transitar un camino de exclusión, donde la falta de diagnóstico y tratamiento temprano agrava las patologías, convirtiendo una cuestión de salud en una crisis social permanente.
Fundamentos de un sistema en crisis profunda
La crisis de la salud pública se manifiesta en la dificultad extrema para encontrar especialistas y en la precarización de las prestaciones. Sabadini sostiene que la judicialización de la salud no es un capricho del paciente, sino la última ratio de las familias ante el abandono de las obras sociales y el Estado. El fundamento de cualquier reforma debería ser, según el especialista, el fortalecimiento de la red de atención primaria y no la alteración de una ley que, de cumplirse con los fondos adecuados, sería suficiente para proteger a los más vulnerables.
«La Ley de Salud Mental es una ley de avanzada, el problema no es la ley sino que nunca se aplicó el presupuesto que la misma ley exigía para transformar el sistema.»
«No podemos volver a un sistema donde una sola firma decida sobre la libertad de una persona; el enfoque interdisciplinario es la garantía de que el paciente sea tratado como un sujeto de derecho.»
La estabilidad prestacional como cierre de un círculo de derechos
Hacia el final de su intervención, Sabadini abordó un tema recurrente en el derecho de salud, la continuidad de la obra social tras la jubilación. Al igual que en la salud mental, el derecho a mantener la cobertura actual frente al pase obligatorio a PAMI es un pilar de la estabilidad del paciente. Esta conclusión refuerza la idea de que el sistema de salud argentino atraviesa una crisis de confianza donde solo el conocimiento de las leyes y la firmeza jurídica pueden evitar que los ciudadanos pierdan las protecciones que tanto tiempo les llevó conquistar.
