Un papel con un sello debería bastar para abrir una puerta. En Argentina, ese papel tiene un nombre técnico, Certificado Único de Discapacidad, y la puerta que debe abrir es el acceso innegociable al derecho a la salud. Pero a veces el papel pesa, el trámite se alarga y la puerta se atasca. De esa fricción entre la norma y la vida cotidiana hablaron jueces, médicos y funcionarios en el Segundo Congreso Internacional de Discapacidad en la Justicia, organizado por el Consejo de la Magistratura porteño y la Universidad de Buenos Aires. Allí, a dos décadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el diagnóstico fue una advertencia serena. Hay una red de amparos médicos y cobertura por discapacidad que sostiene a miles, pero el acceso efectivo a las prestaciones sanitarias sigue exigiendo batallas que nadie debería tener que dar.
El escenario regional encierra una trampa. Gabriela Martínez, integrante de un grupo mixto de la OEA, describió a América Latina como un territorio repleto de normativas impecables que conviven con brechas críticas en el ejercicio de derechos básicos. La discapacidad, insistió, no puede administrarse en compartimentos institucionales aislados, sino que exige que salud, educación y vivienda se articulen de manera intersectorial. En el centro de esa estructura en Argentina aparece la Ley 24.901. Durante el encuentro, la doctora Hilda Álvarez definió esta norma como una acción positiva fundamental, ya que es el texto que garantiza la cobertura integral para quienes acreditan su condición a través del certificado oficial. También remarcó que las instituciones, desde hogares hasta centros de día, deben cumplir normativas precisas ante la Superintendencia de Servicios de Salud para que el sistema funcione.
Sin embargo, las estadísticas muestran la distancia entre la ley y el pasillo del hospital. Ana María Bou Pérez, directora de investigación de políticas del Gobierno de la Ciudad, aportó datos reveladores obtenidos mediante herramientas como el Módulo Washington, que permite detectar limitaciones funcionales sin etiquetar de inmediato. De las trescientas mil personas que tendrían alguna discapacidad en Buenos Aires, solo ciento cincuenta y cuatro mil lograron obtener el documento. El certificado es la puerta de entrada indispensable al sistema sanitario y a sus prestaciones, pero el laberinto burocrático deja a la intemperie a quienes dependen de la salud pública, mientras que aquellos con prepagas u obras sociales logran sortear el trámite con mayor frecuencia porque sus prestadores se los exigen. Frente a esto, la funcionaria celebró la apertura de nuevas sedes descentralizadas, como la del Consejo de la Magistratura, para que la empatía le gane a la burocracia.
Las barreras no son solo de papel. En la Defensoría del Pueblo porteña, Flavia Borundarena registró más de tres mil consultas en los últimos años, donde lideran los reclamos por la falta de accesibilidad física en el transporte público y la angustia por los vencimientos de los certificados. Detrás de los expedientes hay cuerpos que crecen y vínculos que se transforman. La abogada Elizabeth Aimar reflexionó sobre la transición a la adultez a los dieciocho años, un proceso donde la búsqueda de autonomía choca, a menudo, con una familia que atraviesa un duelo frente al cambio. Los procesos judiciales se quedan cortos si los profesionales del derecho no miran el conflicto apoyados en trabajadores sociales y psicólogos para comprender las necesidades reales de la persona. Y en el otro extremo del tiempo, en la infancia, Constanza Orbaiz pidió no naturalizar la vulneración. Cuestionó a un entorno sanitario y social que expone a los niños sin su consentimiento o los envuelve en lenguajes que infantilizan y lastiman su dignidad.
El derecho a la salud no es un concepto estático, y el futuro ya trae tensiones nuevas. En los paneles sobre salud mental, el debate giró sobre el hilo muy delgado que separa una práctica médica del avasallamiento de la identidad. El psiquiatra Ezequiel Mercurio alertó sobre la ausencia de leyes protectoras frente a las neurotecnologías, advirtiendo que los tratamientos invasivos sin un consentimiento informado real pueden configurar situaciones de malos tratos o tortura. Las soluciones, concluyó, deben diseñarse de forma conjunta, porque no existe una respuesta única.
Esa urgencia colectiva es la misma que llevó a Genoveva Ferrero a afirmar que el sistema sanitario se encuentra en jaque frente a una peligrosa mirada economicista sobre las prestaciones. Y es la misma fuerza que empujó la reciente sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley 27.793, calificada en el Congreso como un hito luchado y necesario frente a la crisis de atención. Cuando una entidad privada niega un tratamiento, los tribunales y el amparo se vuelven el último escudo para que la protección legal no sea letra muerta. El desafío, como repitieron a lo largo del evento, es sostener redes colaborativas para que las personas sean dueñas de sus decisiones y el acceso a la salud deje de ser una declaración para convertirse en una simple y rotunda realidad.
