La Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) advierte sobre un escenario crítico debido a la desactualización de aranceles y la mora en los pagos. La sostenibilidad del sistema privado, pilar de la Seguridad Social, se encuentra en su hora más oscura, comprometiendo la atención de millones de afiliados.
En un contexto donde la inflación acumulada y la variación de costos operativos han superado ampliamente los ingresos por prestaciones, la red sanitaria de la Provincia de Buenos Aires enfrenta un desafío que trasciende lo financiero para convertirse en una emergencia social. La situación actual no responde a un evento fortuito, sino a una erosión acumulativa que ha dejado a las instituciones sin margen de maniobra ni acceso al crédito.
Datos de la causa y el conflicto institucional
La carátula de esta crisis se resume en la misiva enviada por FECLIBA al Director del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Dr. Esteban Leguizamo. En la nota P 021, la Federación, bajo la presidencia del Lic. Néstor Porras y la representación del Distrito 5 a cargo de Guillermo Barreiro canalizan el impacto directo que el desajuste económico tiene sobre la red de atención que sostiene el sistema.
El núcleo del conflicto radica en la ruptura del equilibrio entre los costos del sector —intensivo en recursos humanos e insumos dolarizados— y los niveles de retribución vigentes, que presentan un desfasaje superior al 100% respecto a la inflación real acumulada desde diciembre de 2023.
Antecedentes de un deterioro sistémico
La problemática ha escalado desde la vía administrativa hacia una situación de hecho: en los últimos cinco años, el sistema de salud argentino ha sido testigo del cierre de más de 25 clínicas. En localidades pequeñas, donde existe un único prestador privado, el cese de actividades implica la pérdida total de cobertura para los pacientes.
Este declive se ha visto agravado en el primer trimestre de 2026. Fue cuando el Tesoro Nacional redujo significativamente el giro de fondos destinados a las prestaciones de PAMI, forzando a las clínicas a operar bajo un régimen de emergencia sanitaria permanente. Así lo expresa en Abogados de Radio Guillermo Barreiro, titular de FECLIBA, sección V Luján.
Argumentos y la defensa del derecho a la salud
Los prestadores denuncian una arbitrariedad en la fijación de aranceles, donde valores por estudios complejos —como una ecografía— resultan irrisorios frente al costo de mantenimiento de los equipos. El titular del Distrito 5 de FECLIBA remarcó que las instituciones se ven obligadas a endeudarse para cubrir déficits estructurales, un proceso regresivo que torna inviable la continuidad de los servicios.
Ante este escenario, la Federación propone:
- Recomponer el circuito de pago, estableciendo cronogramas ciertos que otorguen previsibilidad financiera.
- Actualizar los valores prestacionales mediante mecanismos automáticos de ajuste por IPC (cláusula gatillo).
- Generar instancias de intercambio para consensuar criterios que preserven la sustentabilidad del sistema.
Fundamentos jurídicos de la prestación
El reclamo se sustenta en la jerarquía constitucional del derecho a la salud, ratificado por tratados internacionales con rango constitucional y por la Ley de Emergencia Sanitaria. Se sostiene que el Estado nacional tiene la responsabilidad última de garantizar el acceso a la salud, lo cual resulta imposible si se asfixia financieramente a los efectores privados que atienden al 95% de los beneficiarios de la seguridad social en la provincia.
«El actual esquema presenta un desajuste progresivo entre la dinámica de los costos del sector y los niveles de retribución vigentes, generando una pérdida sostenida de capacidad operativa. Esta situación ha ido erosionando las condiciones de funcionamiento de los prestadores.»
«La magnitud del escenario descripto impone la necesidad de avanzar en definiciones que permitan preservar la continuidad de los servicios y evitar mayores niveles de deterioro en la red prestacional.»
Hacia una reestructuración necesaria
La crisis en los pagos de PAMI e IOMA pone en evidencia la fragilidad de un sistema fragmentado que requiere una unificación de criterios y una actualización real. La salud no tiene precio, pero tiene costos, y la persistencia de este escenario implica trasladar el impacto hacia los equipos de salud y, en última instancia, hacia los beneficiarios. La resolución de este conflicto es urgente para evitar que el sistema sanitario bonaerense se transforme, definitivamente, en una cáscara vacía.
Abogados de Radio, sábados 11:00 hs.
