Entre la promesa escandinava y el gasto de bolsillo
Dicen que las transformaciones profundas duelen antes de sanar. En México, el sistema de salud ha sido durante décadas un paciente crónico, sometido a cirugías mayores cada seis años, con diagnósticos que cambian según el color del gobierno de turno. Hoy, el país atraviesa lo que sus protagonistas llaman «el cuarto momento»: un intento titánico por centralizar la medicina, devolverle la rectoría al Estado y prometer lo que parece imposible en Latinoamérica: un servicio gratuito y universal. Pero mientras la burocracia firma decretos, en las casas de las familias mexicanas —especialmente aquellas donde habita la discapacidad— la economía del cuidado sigue recayendo en los hombros de siempre, y el gasto para sobrevivir sigue saliendo de la propia billetera.
El sueño de un sistema unificado (y la sopa de letras estatal)
Para entender el presente hay que mirar las cicatrices del pasado y descifrar el complejo organigrama mexicano, que a oídos argentinos puede sonar a una sopa de letras incomprensible. La historia clínica de México muestra un cuerpo fragmentado. Durante años, el acceso a la salud no fue un derecho ciudadano universal, sino una prestación atada a la condición laboral.
Si tenías un empleo formal en una empresa privada, tenías IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Si trabajabas para el Estado, tenías ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). ¿Y si no tenías nada? Quedabas a la deriva o, más tarde, bajo el paraguas del «Seguro Popular», un esquema que, según la administración actual, funcionaba más como una financiera que como un proveedor de salud real.
Zoé Robledo, quien ocupa el cargo de Director General del IMSS y actúa como el arquitecto de esta nueva etapa, lo describe con la frialdad de los números y la pasión de la política: el modelo anterior, descentralizado y neoliberal, no curó al país. Al contrario, lo enfermó. México llegó a ocupar el primer lugar mundial en obesidad infantil y septuplicó las muertes por diabetes en 35 años. La respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el saliente presidente de la nación, fue radical: eliminar el Seguro Popular y crear el IMSS-BIENESTAR (Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar).
La premisa suena a utopía europea: atención médica, estudios y medicamentos gratuitos para todos, sin cajas de cobro, sin las eufemísticas «cuotas de recuperación». Se busca pasar de la medicina curativa a la preventiva, un modelo socializado donde el Estado es dueño de los hospitales y patrón de los médicos, alejándose de la privatización silenciosa que había carcomido servicios básicos como la hemodiálisis.
Las cifras de la inversión y la federalización
El despliegue es masivo. El nuevo organismo, IMSS-BIENESTAR, ya opera en 23 estados y atiende a más de 53 millones de personas que no cuentan con seguridad social. No es una remodelación de fachada; es una reingeniería de cimientos. Entre 2021 y 2023, se invirtieron aproximadamente 5.200 millones de dólares en infraestructura, equipamiento y personal. Para el cierre de 2024, se prevé una inyección adicional de unos 4.100 millones de dólares.
Se han incorporado a la planta permanente («basificado», en la jerga local) a más de 55.000 trabajadores que vivían en la precariedad contractual y se han rescatado hospitales que eran elefantes blancos, cascarones abandonados por administraciones pasadas en lugares como Tijuana, Culiacán o Tulum. La narrativa oficial es contundente: la salud debe dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho por el simple hecho de nacer mexicano.
La economía oculta: cuando la familia paga la cuenta
Sin embargo, el papel aguanta todo, pero el bolsillo no. Mientras el gobierno celebra la centralización, los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) —el equivalente mexicano al INDEC— revelan una realidad paralela y dolorosa. El Producto Interno Bruto (PIB) del sector salud en México equivale al 5.2% de la economía nacional. Pero lo alarmante no es lo que el sistema produce, sino quién lo sostiene.
El trabajo no remunerado en cuidados de salud —esa labor invisible de cuidar a un enfermo en casa, de llevar a un abuelo a terapia, de gestionar medicamentos— representa el 18.2% del PIB del sector. Es una industria en las sombras, sostenida mayoritariamente por mujeres y familias.
Más grave aún es el gasto directo. A pesar de los esfuerzos por la gratuidad, los hogares mexicanos siguen desembolsando una fortuna. En 2024, el aporte de los hogares (entre gasto directo de su bolsillo y el valor de su trabajo no remunerado) ascendió a más de 55.000 millones de dólares. De ese total, una gran parte es dinero contante y sonante que sale de la bolsa de la gente —unos 40.000 millones de dólares— para cubrir lo que el sistema, en transición o no, todavía no alcanza a resolver. La «gratuidad» en el decreto no siempre significa «gratuidad» en la farmacia de la esquina cuando el medicamento no está disponible en el hospital público.
Discapacidad: la brecha entre el ingreso y la necesidad
Es en el terreno de la discapacidad donde la narrativa de la transformación enfrenta su prueba de fuego. Las personas con discapacidad en México viven una tormenta perfecta: gastan más en salud que el promedio, pero ingresan menos. Según los datos oficiales, este sector reporta una mayor vulnerabilidad económica, atrapado en un ciclo donde la condición de salud empobrece y la pobreza agrava la salud.
El gobierno ha intentado responder con programas como «Salud Casa por Casa», una iniciativa loable que busca llevar personal de enfermería directamente a los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad. La idea es realizar visitas periódicas y dar seguimiento personalizado. Es un intento de acercar el sistema a quienes no pueden moverse, de romper la barrera física que separa al paciente del derecho.
Sin embargo, la transferencia monetaria directa —la pensión para personas con discapacidad—, aunque vital, a menudo termina siendo absorbida por ese «gasto de bolsillo» que reporta el INEGI. Si el sistema público no provee la terapia física especializada o el insumo específico, la pensión se esfuma en el sector privado.
Hacia dónde vamos
Zoé Robledo (Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social) insiste en que el futuro está en la prevención. El modelo llamado MAS-BIENESTAR (Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar) pretende cambiar el paradigma biomédico por uno biopsicosocial, centrado en la comunidad y en la atención primaria. Es la apuesta correcta en un país donde la diabetes y la hipertensión son asesinos seriales tolerados socialmente.
México está en obra negra. El sistema de salud se ha centralizado, los recursos fluyen y la voluntad política es innegable. Pero la salud no se decreta, se ejerce. El éxito de esta transformación no se medirá en los millones de pesos invertidos ni en las miles de plazas otorgadas, sino en el día en que una madre no tenga que decidir entre comprar comida o pagar el medicamento de su hijo con discapacidad; el día en que el trabajo de cuidados deje de ser una carga invisible no remunerada y se convierta en una responsabilidad compartida realmente por el Estado.
Hasta entonces, seguiremos viendo dos Méxicos: el de los informes oficiales que hablan de cobertura universal y hospitales recuperados, y el de las familias que, recibo en mano, siguen financiando con su sacrificio las grietas de un sistema que todavía lucha por nacer.
Fuentes y referencias:
- Robledo Z. La transformación del sistema de salud mexicano. Salud Publica Mex. 2024;66:767-773.
- INEGI. Comunicado de Prensa 191/25: Cuenta Satélite del Sector Salud de México (CSSSM) 2024. 9 de diciembre de 2025.
- Gobierno de México. Programa Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad.
- Infobae. «Población con discapacidad en México reporta mayor gasto en salud y menos ingresos pese a apoyos sociales, afirma INEGI» (9 de diciembre de 2025).
