La disolución de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) ha despertado alarmas en el colectivo de personas con discapacidad. Nicolás Oszust, abogado especialista en derecho a la salud y socio fundador de Amparando Salud, señala que esta estructura funcionaba con el objetivo de coordinar la cobertura y facilitar el acceso al certificado de discapacidad en las distintas jurisdicciones. Sin embargo, la integración al Ministerio de Salud plantea una incertidumbre mayor: ¿cómo se gestionarán ahora los miles de millones de pesos que manejaba la agencia?.
El riesgo no es sólo administrativo. Al desmantelar un organismo específico, existe la posibilidad de que se pierda la agilidad necesaria para responder a necesidades que no pueden esperar. Oszust advierte que, si el Ministerio decide manejar las compras mediante licitaciones públicas tradicionales, los tiempos del Estado podrían colisionar con la urgencia de los pacientes.
La urgencia que no espera licitaciones ni calendarios
En el ámbito del derecho a la salud, el tiempo tiene un peso distinto. Una licitación puede tardar seis meses o un año, pero una persona que necesita una droga específica para regular su estado de salud no tiene ese margen. «La gente se muere si no tiene determinada medicación o prestación de salud», afirma Oszust con una claridad que duele.
La interrupción de un tratamiento o la falta de una droga no es un bache en el camino; es, a menudo, una involución irreversible en el desarrollo y la autonomía de la persona. El paso de la ANDIS a la órbita ministerial exige, por tanto, una estructura que entienda que no se están gestionando insumos de oficina, sino la supervivencia de ciudadanos vulnerables.
El negocio de las prepagas y el vaciamiento de las obras sociales
Uno de los puntos más críticos señalados en el análisis del especialista es el impacto de la Resolución 1/25 de la Superintendencia de Servicios de Salud. Según Oszust, esta medida permitió que los aportes de los trabajadores (monotributistas, empleados de casas particulares y personal en relación de dependencia) pasen directamente a las empresas de medicina prepaga, salteando la intermediación de las obras sociales.
Lo preocupante es el carácter retroactivo de esta maniobra. En los primeros meses del año, las obras sociales otorgaron las prestaciones, pero no recibieron los aportes correspondientes, ya que estos fueron derivados a las prepagas. Este desfinanciamiento genera un efecto dominó:
- Las obras sociales se quedan sin recursos para pagar a los prestadores.
- Los prestadores, ante la falta de pago, interrumpen los tratamientos.
- Las prepagas reciben un flujo de dinero que, en muchos casos, no se traduce en el pago inmediato de las deudas acumuladas con los profesionales.
Más que una prestación, el vínculo humano en peligro
Cuando se habla de discapacidad en Argentina, se suele caer en la frialdad de los números y los presupuestos. Pero, hay que volver a poner «el atardecer en el plato»; hay que humanizar el dato. Una persona con discapacidad genera un vínculo afectivo y terapéutico con su médico, su acompañante o su terapeuta ocupacional, esto es fundamental, nunca olvidar esos vínculos, pero además la importancia del trabajo y del pago a término de esos apoyos.
Un cambio brusco en el sistema de pagos o la exigencia de cambiar de prestador de un día para el otro rompe una red de contención que llevó años construir. Pensemos en un niño que asiste a una escuela con un maestro integrador; si esa figura desaparece por una decisión burocrática, no solo pierde la posibilidad de aprender, sino también de formar parte de su comunidad escolar.
El desafío es entender que la salud no es un negocio de rentabilidad financiera, sino una obligación del Estado y un derecho humano significativo. Como concluye Oszust, es necesario que los funcionarios comprendan que no gestionan cifras, sino personas que necesitan soluciones urgentes hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde.
